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Nuestro presidente Iñigo Sagardoy, tuvo el honor de participar en la Comisión de Reestructuración Social y Económica del Congreso

Nuestro presidente Iñigo Sagardoy, tuvo el honor de participar en la Comisión de Reestructuración Social y Económica del Congreso

Nuestro presidente Iñigo Sagardoy, tuvo el honor de participar en la Comisión de Reestructuración Social y Económica del Congreso. En ella, expuso su discurso basado en 4 principios fundamentales y una serie de medidas óptimas para la vuelta a la nueva normalidad. Descubre su intervención.

 

 

La progresiva reanudación de la actividad económica

La progresiva reanudación de la actividad económica

La prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre de 2020.

El RD 24/20020 (vigencia desde 27 de junio 20020) contempla la situación de aquellas empresas que a fecha de 30 de junio continúan aplicando un ERTE por fuerza mayor por COVID-19 (art. 1 RDL 24/2020), los cuales se prorrogan automáticamente hasta el 30 de septiembre. La fuerza mayor reconocida en su momento por la autoridad laboral sigue justificando el ERTE hasta que la empresa decida la reincorporación de cada uno de sus trabajadores -con el límite temporal ya señalado del 30 de septiembre-; se sigue dando prioridad a los ajustes en términos de reducción de jornada, pudiendo la empresa de forma unilateral reincorporar a los trabajadores con una jornada reducida, distinta por tanto a la que tuvieran antes del inicio del ERTE.  Como novedad, disminuye el porcentaje de exoneración de cuotas aplicable durante los meses de julio, agosto y septiembre, tanto para las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio (60% o 40% en función de si la empresa tenía a 29 de febrero una plantilla de menos o más de 50 trabajadores o asimilados en alta en la Seguridad Social), como para las que sigan en el ERTE a partir de esa misma fecha (35% o 25% conforme al criterio anterior).

El RDL 24/2020 contempla también la situación de aquellas empresas que no han reanudado aun su actividad, que mantienen a todas las personas trabajadoras en suspensión de actividad, esto es, que se encuentran en situación de fuerza mayor total (DA 1ª RDL 24/2020). Estas empresas tienen un régimen especial de exoneraciones de las cuotas de la seguridad social: 70, 60 y 35% durante los meses de julio, agosto y septiembre (si se trata de empresas de menos de 50 trabajadores o asimilados a fecha 29 de febrero) o del 50, 40 y 25% durante los mismos periodos (si se trata de empresas de 50 o más trabajadores o asimilados a la misma fecha). Estas serán aplicables a cualquier empresa, de cualquier sector, que teniendo un ERTE por fuerza mayor autorizado antes del 27 de junio decida continuar sin reiniciar su actividad, con el límite temporal por supuesto del 30 de septiembre.

A partir del 27 de junio de 2020, solo podrá solicitarse un ERTE por fuerza mayor si se produce un rebrote o un agravamiento de la pandemia que motive la adopción de nuevas medidas de restricción de la movilidad o de contención que afecten  a la actividad de la empresa y justifiquen suspensiones de contratos de trabajo o reducciones de jornada, en caso de que no tengan un ERTE por fuerza mayor todavía vivo,  de manera que puedan seguir acudiendo a las afectaciones y desafectaciones necesarias sin necesidad de iniciar la tramitación de un nuevo ERTE.  Estos ERTE ya no están sujetos al régimen del art. 22 RDL 8/2020 y a las condiciones de aplicación previstas en aquella norma sino al régimen general (art. 47.3 ET y en el art. 31 a 33 del RD. 1482/2012 de 29 de octubre). Si bien mantendrían generosas exoneraciones de las cuotas de la seguridad social durante el período de julio a septiembre de 2020.

A partir del 27 de junio de 2020, conforme a lo establecido por el RD 24/2020, también puede seguir tramitándose un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, a salvo de nuevas modificaciones normativas, hasta el 30 de septiembre de 2020.

Trabajadores Especialmente Sensibles y Covid-19: ¿Qué deben tener en cuenta las empresas?

Trabajadores Especialmente Sensibles y Covid-19: ¿Qué deben tener en cuenta las empresas?

El Ministerio de Sanidad ha definido los grupos especialmente vulnerables

Los Trabajadores Especialmente Sensibles (TES) son aquellos que, debido a sus circunstancias personales, y en conexión el trabajo, puesto o tareas, tienen una mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y para los que el legislador ha previsto una tutela de su salud reforzada. No se trata de una cuestión nueva, ya que ha estado regulada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde su aprobación en el año 1995.

Si hablamos de TES al virus Sars-CoV-19, debemos entender que se trata de trabajadores que debido a distintos tipos de enfermedades o de la edad, y en función del tipo de trabajo que realicen, son más vulnerables a verse afectados por este virus, y sobre todo, a que las consecuencias del mismo sean más graves para ellos. 

Con las evidencias científicas disponibles, el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos especialmente vulnerables, aquellas personas que tengan:

  • Una enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión
  • Una enfermedad pulmonar crónica
  • Diabetes
  • Insuficiencia renal crónica
  • Inmunodepresión
  • Cáncer en fase de tratamiento activo
  • Enfermedad hepática crónica severa
  • Obesidad mórbida (IMC>40)
  • Embarazo
  • Mas de 60 años.

Para ser TES al Covid-19 no es necesario que los trabajadores presenten ningún síntoma. Sólo con demostrar que se da alguna de esas circunstancias personales, los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas deberán evaluar el riesgo en cada caso, de manera individualizada y tomar las medidas preventivas que pudieran ser necesarias, si se llega la conclusión de que el trabajador, en su ámbito laboral, es especialmente sensible. Estas medidas deben ir desde la adaptación del puesto de trabajo, el cambio o reubicación a otro puesto compatible y sin riesgos, hasta la realización de un Informe, cuando no se pueda adaptar o reubicar, para que los servicios médicos de atención primaria puedan proceder a la tramitación de la correspondiente incapacidad temporal. 

Dos cuestiones más a tener en cuenta por las empresas:

  • El propio Ministerio de Sanidad diferencia TES dentro del ámbito sanitario y sociosanitario y fuera del mismo, es decir, habrá que diferenciar si nos encontramos ante trabajadores que tienen una exposición al riesgo directa, de aquellos que tienen una exposición de bajo riesgo, o aquellos otros que tienen una baja probabilidad de exposición al riesgo. Por ello, habrá que valorar, en esa evaluación de riesgos particular, no sólo la circunstancia personal, sino también el trabajo, puesto, tareas y funciones que desempeña el trabajador.
  • Debe servir de orientación para las empresas y los servicios de prevención, a los efectos de valorar la especial sensibilidad, el Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-Cov-19, actualizado a 6 de julio de 2020, y que esta publicado en la web del Ministerio de Sanidad, que establece unas Guías de actuación para la gestión de la vulnerabilidad que se configuran como un marco de referencia para el análisis de esta cuestión en las empresas. 
La polémica inclusión del SARS-COV-2 en la Directiva de la UE sobre agentes biológicos y su consideración como enfermedad profesional

La polémica inclusión del SARS-COV-2 en la Directiva de la UE sobre agentes biológicos y su consideración como enfermedad profesional

Se trata de una norma que regula la protección de la salud de los trabajadores contra los riesgos derivados de agentes biológicos

Muchas son las cuestiones que se plantean en materia de prevención de riesgos laborales y Covid, pero en esta entrada centraremos nuestra atención en la modificación normativa de la Directiva de agentes biológicos que tuvo lugar el 3 de junio de 2020, y la inclusión del padecimiento del virus como enfermedad profesional. Por lo que se refiere a la Directiva, se trata de una norma que regula la protección de la salud de los trabajadores contra los riesgos derivados de agentes biológicos. Se aplica a todas las actividades (claramente, a todo el sector sanitario y laboratorios de análisis clínicos donde se trabaje con este tipo de virus) en las que los trabajadores estén, o pudieran estar, expuestos a agentes biológicos, y establece medidas que procede adoptar en todas esas actividades (índole, grado y duración de la exposición de los trabajadores a dichos agentes). 

Con esta modificación, que tiene por objeto dar cobertura normativa a la situación generada como consecuencia de la pandemia, se incluye el virus SARS-CoV-2 en el anexo III, y se le adjudica la clasificación de nivel 3. Los agentes biológicos incluidos en este grupo son aquellos que “pueden causar enfermedades humanas graves y presentar un serio peligro para los trabajadores; puede presentar un riesgo de propagación a la comunidad, pero generalmente existe una profilaxis o tratamiento efectivo disponible”. La Comisión Europea ha considerado que dadas las circunstancias, y aunque actualmente no se dispone de vacuna o de tratamiento efectivo, se están desplegando esfuerzos considerables a nivel internacional para conseguir un solución efectiva, existiendo un numero considerable de vacunas experimentales, por lo que esta es la razón por la que se ha incluido en este nivel de riesgo 3, y no en el 4, como demandaban algunos agentes sociales. No obstante, no olvidemos que pese a que hay numerosos estudios, la realidad es que no se dispone de vacuna o tratamiento contra el virus SARS-CoV-19, por lo que, en los sectores afectados, sigue siendo un grave peligro para los trabajadores. 

Ahora bien, más allá de la consideración del virus como agente biológico de nivel 3 o 4, quizá sería necesario también un replanteamiento de la consideración del contagio como enfermedad profesional para el colectivo de trabajadores sanitarios, y es que la infección por COVID-19 realmente está incluida ya en el Cuadro de Enfermedades Profesionales como enfermedad profesional causada por agentes biológicos y recogida la actividad del personal sanitario como colectivo laboral de riesgo a la infección (Grupo 3, Apartado A, Agentes Infecciosos. Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección). Esta inclusión se da como consecuencia de la regulación contenida en el anexo II del RD 664/1997, que establece los Coronaviridae dentro del grupo 2 (a la espera de modificarse para trasponer la Directiva antes mencionada). No olvidemos que, a estos efectos, la consideración para el personal sanitario del contagio como enfermedad profesional supondría su reconocimiento en cualquier momento posterior a los sucesos que dieran lugar a la declaración de tal contingencia, incluso cuando los trabajadores ya no estuvieran prestando servicios en este ámbito, ya sea por finalización o extinción del contrato, ya sea por jubilación. De esta forma se calificaría como enfermedad profesional cualquier secuela que pudiera darse en el futuro, y que fueran la consecuencia de haber padecido la enfermedad cuyo curso clínico evolutivo es imprevisible.

Libro Claves Prácticas Laborales elaborado por Sagardoy & Francis Lefebvre: Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Instrumento fundamental en la crisis del COVID-19

Libro Claves Prácticas Laborales elaborado por Sagardoy & Francis Lefebvre: Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Instrumento fundamental en la crisis del COVID-19

Aporta criterios y soluciones para empresas y profesionales en la aplicación práctica de la compleja regulación de los ERTES en el contexto actual 

Los ERTE están siendo una herramienta de flexibilidad interna decisiva para frenar la destrucción masiva de empleo provocada por la crisis de la COVID-19. En el período entre el 18 de marzo y el 27 de junio de 2020, se han sucedido varios reales decretos en los que, junto a otras cuestiones, se abordaba la regulación de una nueva figura de ERTE en el contexto de la crisis sanitaria de la COVID-19, con bastantes particularidades respecto a su régimen legal antes de la pandemia. Dichos reales decretos son normas de urgencia, de notoria complejidad, que modifican sobre el terreno la regulación de los ERTE conforme va evolucionando la situación de crisis sanitaria y con el ritmo que va marcando la propia pandemia. Todo ello conlleva incorreciones, imprecisiones y vaivenes legislativos, planteando numerosas dudas sobre su alcance. Se evidenciaba muy oportuno y necesario alumbrar el camino de empresas, y profesionales en este terreno, un tanto pantanoso. Para ello, bajo la dirección de Martín Godino Reyes, socio director de Sagardoy Abogados, se aborda por un equipo de socios y abogados de la firma, la elaboración de este libro de Claves Prácticas de la colección Sagardoy Lefebvre, con el título Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Instrumento fundamental en la crisis del COVID-19.   Constituye este trabajo una interesante aportación, que clarifica, sistematiza, aporta criterios y soluciones para empresas y profesionales en la aplicación práctica de la compleja regulación de los ERTES en el contexto COVID -19.  

La Comunidad de Madrid selecciona a María Jesús Herrera como experta para la mesa de análisis sobre el teletrabajo

La Comunidad de Madrid selecciona a María Jesús Herrera como experta para la mesa de análisis sobre el teletrabajo

La socia de Sagardoy Abogados participa como experta en el grupo de trabajo convocado por la Comunidad de Madrid con la finalidad estudiar la situación actual del teletrabajo, analizar el modelo de regulación existente y la evolución hacia la nueva regulación anunciada por el Gobierno central. Herrera ha sido seleccionada por el gobierno autonómico, junto con otros expertos de diferentes áreas relacionadas con el Derecho Laboral, para reflexionar sobre la situación actual del teletrabajo y proponer soluciones legales para la regulación de sus características y utilización por parte de trabajadores y empresas.


Con el objetivo de impulsar este modelo de trabajo bajo una normativa específica, la mesa de análisis de la que forma parte María Jesús Herrera como experta en los ámbitos jurídico y empresarial, elaborará, tras el análisis, una serie de propuestas para que el gobierno central regule factores como los costes, el control horario o la Prevención de Riesgos Laborales, entre otros, en esta nueva coyuntura.


Además de la socia de Sagardoy, en la reunión, presidida por el Consejero de Economía empleo y competitividad de la Comunidad de Madrid y celebrada este martes pasado, de forma mixta (presencial y telemática), han estado presentes otros miembros del gobierno autonómico, sindicatos, patronal, representantes de universidades, así como integrantes de asociaciones de la sociedad civil y de empresas de diferentes ámbitos. Siguiendo con el proceso y las líneas establecidas en esta reunión, en los próximos días tendrá lugar la siguiente para seguir avanzando en los contenidos.

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